Registro nacional de barrios populares
Cincuenta integrantes del Movimiento recorrieron unos 20 barrios. Desde el 14 de abril visitaron 3.000 viviendas. La tarea se desarrolla en todo el país con el objetivo de relevar asentamientos irregulares y entregar un certificado de vivienda y de domicilio a las familias que los habitan.
En la esquina de Gaboto y Uruguay, casi en el límite norte de barrio Chalet, funciona uno de los 23 centros comunitarios que el Movimiento Los Sin Techo tiene diseminados por la ciudad. Allí se reúnen para dialogar con nuestro diario algunos de los censistas que se encuentran relevando los barrios populares -denominación que cabe a villas, asentamientos y urbanizaciones informales- de esta capital en el marco del registro que impulsa el gobierno nacional. La tarea de Los Sin Techo es similar a la que se realiza en el resto del país donde también participan organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y Cáritas.
El objetivo final de todo este operativo que puso en marcha el gobierno central a través del decreto 358 es entregar a las familias que habitan en esos barrios un certificado de vivienda y de domicilio que les permita acceder a distintos servicios esenciales para mejorar su calidad de vida.
En la tarea de relevar cuántos y quiénes son las personas que habitan esas viviendas y en qué condiciones lo hacen, se encuentran 50 colaboradores del Movimiento que, a su vez, firmó un convenio con Anses y la ONG Techo.
Hace frío por estos días, pero la rueda de mates (dos en simultáneo para complacer la demanda del numeroso grupo) ameniza la charla con coordinadores, referentes de copa de leche y demás colaboradores, todos acostumbrados al trabajo en los barrios y a la pobreza, y aún así sorprendidos por algunas de las realidades que encontraron más allá de los límites que su lugar de trabajo habitual les impone.
Desde el 14 de abril censaron 3.000 viviendas que representan a muchas más personas. “Casi todas son familias numerosas”, aseguran. Un cálculo similar figura en los considerandos del decreto que creó el Registro Nacional de barrios populares en proceso de integración urbana, y recoge los datos del Censo de población de 2010, donde consta que más de 500 mil hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas.
CADA CASA, UNA HISTORIA
Prácticamente a ninguno de los censistas le tocó relevar el barrio donde trabaja y tampoco el que habita todos los días. Pero ingresaban a la zona asignada en grupo y con alguien que ya conociera el lugar. La experiencia integró distintas generaciones, desde jóvenes colaboradores hasta coordinadoras con 30 años de experiencia, es decir, casi tantos como tiene el Movimiento.
Uno de los equipos recorrió Villa Elsa, Varadero Sarsotti, Chalet, San Agustín, Abasto, Los Troncos y San Pantaleón, y otro tuvo a su cargo San José, Tránsito, Candioti Norte, un sector de Los Troncos, Las Lomas (Santo Domingo) y un tramo de Estanislao López. Resta completar todavía Villa Elsa y Bajada Distéfano, pero con lo hecho hasta ahora alcanza para sacar varias conclusiones: la principal es la experiencia positiva que significó la tarea.
Nicolás Lescano es uno de los coordinadores del censo y explica que el convenio se firmó con la ONG Techo y Anses “para relevar y cargar los datos de todos los barrios periféricos o populares y que se hagan notar en la ciudad y a nivel nacional. Es un relevamiento que se está haciendo en todo el país”.
Gladys Gómez, también coordinadora, evalúa que si el requisito era tener un 70 por ciento del sector censado, se consiguió relevar el 80, 90 y hasta el 100 por ciento en algunos casos.
Como se dijo, el relevamiento tiene como objetivo principal demarcar el terreno y las viviendas y para Los Sin Techo en particular establecer si quedan ranchos y cuántas mujeres embarazadas habitan en los barrios.
Cuántas personas habitan por casa, si cuentan con asignaciones familiares y pensiones son algunos de los datos solicitados desde Anses, como también la situación habitacional, titularidad del terreno y de la vivienda. “No era obligación que nos den los datos y tuvimos que respetar esa decisión, pero el recibimiento fue bueno y la pertenencia al Movimiento abrió muchas puertas”, coinciden quienes formaron parte de los equipos.
Andrea Cuevas, una de las censistas que recorrió Tránsito, Chalet y Los Troncos, no duda en señalar que fue una buena experiencia, “primero porque al estar unidos pudimos entrar a lugares que, se nos decía, eran feos. Entonces, como experiencia a nivel grupal, con las personas y la posibilidad de conocer un barrio o una parte de él, fue muy buena”.
Pablo Pereyra recorrió Villa Elsa, un tramo de Varadero Sarsotti y otro de Chalet. “Es una experiencia que no se tiene todos los días, la de ir casa por casa, que te atiendan bien, te hagan pasar a su casa y te pregunten todo”. Y admite que luego de sorteada la desconfianza inicial, las respuestas a cada consulta llegaron.
A Marisa Cariaga le asignaron San Pantaleón. Junto a su grupo se encontró con un contraste de casas alquiladas, viviendas de los propios vecinos y un solo rancho. “En la parte de atrás del barrio, algunos vecinos trabajan de cartoneros, tienen sus chanchitos y sus gallinas, pero la parte de adelante es distinta, más formal”.
María José Fleita recorrió Varadero Sarsotti, un sector de la ciudad que le pareció “muy alejado de todo, con más pobreza, sin comisaría, donde los colectivos no entran y se tienen que manejar con Centenario para moverse”. Romina Lescano estuvo en el mismo barrio y evalúa que “allí la realidad fue muy fuerte pero la experiencia fue buena”.
También fue impactante para Andrea recorrer “los ranchitos en medio de las ladrillerías en Los Troncos. No me imaginaba ese lugar, en la precariedad que vive la gente entre el agua, el pasto y el barro”.
EL MIEDO AL OTRO
Marta Tricallota es coordinadora del área de salud del Movimiento e integró un grupo más pequeño aunque no directamente en la tarea de censo. “Tuvimos distintas experiencias, unas emocionantes y hermosas donde nos recibieron muy bien y compartimos con todo un grupo de gente que vivía en ranchos”, El lugar donde estuvo -identificado como un sector de Candioti Norte- tenía 22 ranchos “y la gente estaba tan contenta de que fuéramos que sacaron las sillas, nos pusimos a conversar en círculo y cada uno iba contando su historia”. Hace 30 años que integra el Movimiento y ahora pudo corroborar que en el mismo lugar hay dos realidades: “Está el que tiene su casita, un trabajo o una changa, y otro que sigue como hace 30 años. Y esa gente te está esperando. Una les tiene miedo porque no quiere pasar por un ranchito y ellos nos tienen miedo porque creen que vamos a sacarles datos y les decíamos que íbamos a conocerlos y a escucharlos. Siguen existiendo y nosotros, del otro lado del pavimento, ni siquiera los registramos”.
En estas tres décadas reconoce que el Movimiento le cambió la vida a Santa Fe. Quienes vivimos del otro lado del asfalto no nos damos cuenta de la realidad maravillosa que tenemos comparada con otros lugares, y que la gente que ahora protesta o reclama, aprendió que tiene derechos, que se merece otra vida y no la de estar en la miseria”.
PARA DECIR “VIVO ACÁ”
Susana Carrizo también es coordinadora de salud y, como Marta, tuvo a su cargo relevar terrenos en barrio Santo Domingo. “Nos tocaron casitas de un nivel medio y ranchos en la extrema pobreza donde fue una maravilla cómo nos atendieron y nos decían ‘por fin vamos a aparecer en el mapa’”.
Es que ‘ése es el meollo de la cuestión: tener una dirección donde llegue el correo, un sitio exacto de referencia -no aproximado- que figure en el DNI o en cualquier documento personal, una ubicación desde donde hacer un reclamo o gestionar un servicio. El día anterior a la nota habían recorrido un sector de Estanislao López donde no había nombres de calles y el mapa que las censistas tenían en sus manos no coincidía con la distribución real del barrio. “Este relevamiento va a servir para que en ese sector -como en otros- se puedan definir las calles y la gente pueda decir: ‘vivo acá”. En definitiva, para materializar la idea de pertenencia.
333 EN SANTA FE
Según los datos preliminares de un relevamiento, Santa Fe es la segunda provincia con mayor cantidad de barrios populares: 333. Buenos Aires tiene 1.612; Ciudad de Buenos Aires, 55; Catamarca , 33; Chaco 269; Chubut, 56; Córdoba, 172; Corrientes, 107; Entre Ríos, 168; Formosa, 78; Jujuy, 91; La Rioja, 14; Mendoza, 205; Misiones, 243; Neuquén, 84; Río Negro, 114; Salta, 145; San Juan, 29; San Luis, 23; Santiago del Estero, 47; Tierra del Fuego, 36 y Tucumán, 186.
EL MARCO
El decreto 358 fue publicado el pasado 23 de mayo en el Boletín Oficial y crea el Registro Nacional de barrios populares en proceso de integración urbana, en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Por otra parte, crea la Mesa Nacional de Coordinación para barrios populares de la Jefatura de Gabinete de ministros, integrada por representantes de los organismos nacionales competentes en la materia.
La norma se enmarca en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y numerosas normas de distintos organismos públicos.
En los considerandos advierte que de acuerdo con el relevamiento nacional realizado entre agosto de 2016 y mayo de 2017 existen más de 4 mil barrios populares que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a, al menos, dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Además, deja constancia de que la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social.
Dispone así que será la Agencia de Administración de Bienes del Estado la responsable de emitir un certificado de vivienda familiar para ser entregado por la Anses a los responsables de viviendas incluidos en el registro. Ese documento se considerará suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios, solicitar el Cuit o Cuil, realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
Fuente: El Litoral
Nancy Balza - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
